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Miércoles 24 de Abril 2024
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MADRID (AP) — El gobierno español rechazó el miércoles las conclusiones de un panel de expertos de la ONU que le ha pedido excarcelar a tres separatistas catalanes que están siendo enjuiciados en España.
En una resolución no obligatoria pero políticamente dañina difundida el miércoles, el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria solicitó a España poner fin a la prisión preventiva del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, y de los activistas Jordi Sànchez y Jordi Cuixart.
El grupo de trabajo, dependiente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra, dijo que después del intento de secesión de 2017 de Cataluña, los tres fueron detenidos de manera arbitraria y se violaron sus derechos. También insinuó que deberían ser indemnizados por el tiempo que han estado presos y que España debería investigar las circunstancias de su detención.
El grupo de trabajo está conformado por cinco expertos independientes sin sueldo asignados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Los expertos son personal ajeno a la ONU y sus resoluciones buscan apremiar a gobiernos, pero a menudo son ignoradas.
Sin embargo, el gobierno español censuró el informe cuando dijo que la opinión del grupo no tomaba en cuenta los delitos cometidos e ignoraba las leyes de España que prohíben los referendos independentistas de alguna parte del país.
Afirmó que el grupo le ha solicitado adoptar una decisión que compete sólo al poder judicial.
En un comunicado el gobierno planteó “dudas sobre la independencia e imparcialidad” del grupo y solicitó a la ONU garantizar que sus grupos de trabajo semiindependientes no sean utilizados “con fines espurios”.
Los tres catalanes figuran entre una docena de dirigentes separatistas enjuiciados en el Tribunal Supremo español por diversos cargos, como rebelión, desobediencia a una prohibición judicial y efectuar un referendo independentista prohibido, así como emitir una declaración de independencia en octubre de 2017.
Cuando todavía falta para que las audiencias del actual juicio televisado terminen a mediados de junio, los fiscales dijeron el miércoles que mantienen su solicitud de una condena de 25 años para Junqueras, y otras menores para los demás acusados.
No se espera que se dicte sentencia antes de septiembre. Los acusados han estado presos más de 18 meses y se han convertido en un poderoso símbolo para los separatistas, que consideran injusto su encarcelamiento.
De acuerdo con la ley española, los detenidos pueden ser puestos en prisión preventiva si existe el riesgo de que huyan, si el tribunal considera que podrían cometer otros delitos o si existe riesgo de que puedan destruir pruebas.
Otros dirigentes del intento secesionista, entre ellos el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, huyeron del país y continúan prófugos de la justicia española, en tanto que el actual jefe de esa región, Quim Torra, se ha comprometido a continuar la campaña independentista.
Después de la difusión del informe, Torra dijo el miércoles que la opinión era “devastadora” para España y describió como “una farsa” el actual juicio en el Tribunal Supremo.
La difusión del informe tuvo lugar un día después de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos rechazó una demanda presentada por legisladores separatistas catalanes según los cuales el Tribunal Supremo violó sus derechos cuando suspendió en un fallo una sesión del parlamento regional para declarar la independencia hace dos años.
La corte europea determinó que la decisión del Tribunal Constitucional de España no había vulnerado los derechos de los denunciantes porque actuó para preservar el orden constitucional y la seguridad pública, y para “defensa del orden”.
Junqueras, Puigdemont y el exmiembro del gabinete regional Toni Comín fueron elegidos recientemente al Parlamento Europeo, aunque enfrentan obstáculos legales para ocupar sus bancas. Junqueras podría necesitar una autorización temporal para salir de prisión y recoger su credencial de legislador en la Junta Electoral de España.
Puigdemont y Comín serían arrestados de inmediato si pisan territorio español.
El viernes, se prohibió a ambos acudir a la sede parlamentaria en Bruselas para recoger sus acreditaciones temporales que son entregadas a otros legisladores electos.
Un portavoz del Parlamento Europeo dijo que las autoridades pueden decidir no entregar las acreditaciones temporales en forma individual hasta que los Estados miembros de la UE envíen sus listas oficiales respectivas de diputados elegidos, lo cual aclara la situación de aquéllos en los que hay dudas.
El portavoz, que no estaba autorizado a que la prensa lo identificara, dijo que previsiblemente la lista de España podría llegar a mediados de junio.
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Wilson escribió desde Barcelona. James Keaten en Ginebra, Suiza, contribuyó a este despacho.
