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Miércoles 22 de Mayo 2019

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Denuncia CIDH ejecuciones extrajudiciales, tortura y detenciones ilegales en Nicaragua

Foto: Especial Foto Capital Media
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23 de Mayo 2018
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La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) terminó su visita en Nicaragua, y luego de recoger cientos de testimonios concluyó que francotiradores pudieron haber cometido ejecuciones extrajudiciales al querer reprimir las manifestaciones contra el Presidente Daniel Ortega.

“Varios testimonios hablan del uso de francotiradores en lugares como el Estadio Nacional y en Matagalpa. Estos graves hechos indican la posibilidad de que se habrían registrado ejecuciones extrajudiciales”, señala el informe preliminar realizado por la misión de la CIDH que arrancó el pasado jueves.

Durante la visita, la CIDH reunió información documental, audiovisual y escuchó centenares de testimonios que evidenciaron graves violaciones a los derechos humanos durante el mes de protestas, en las cuales hubo uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del gobierno y se involucró a terceros armados.

“Lo que dio como resultado decenas de muertos y centenares de personas heridas; detenciones ilegales y arbitrarias, prácticas de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, censura y ataques contra la prensa; y persecución dirigidas a disolver las protestas y a inhibir la participación ciudadana”, expuso la investigación liderada por la comisionada Antonia Urrejola.

Las protestas, que comenzaron el pasado 18 de abril, dejaron al menos a 76 personas muertas, 868 heridos y 438 detenidos, hechos que fueron condenados por la CIDH.

“La CIDH condena enfáticamente las muertes, agresiones y detenciones arbitrarias de las y los estudiantes, manifestantes, periodistas y otros ciudadanos que se han registrado en el país desde el inicio de las protestas y que continuan hasta la fecha”.

La Comisión también expresó que recibieron denuncias que a decenas de cuerpos no les realizaron autopsias ni fueron derivados al Instituto de Medicina Lega; en cambio el gobierno de Daniel Ortega pedía a los familiares firmar una carta en la que solicitaban la entrega del cuerpo sin realizar las diligencias.

“La Comisión nota que el Estado tiene la obligación de realizar estudios y autopsias necesarios para la investigación completa de estos hechos de violencia que además pueden suponer graves violaciones a los derechos humanos”, concluye el texto.

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