Colombia rechaza informe de ONU sobre asesinato de desmovilizados

Bogotá, 5 jun (Notimex).- El gobierno colombiano rechazó este miércoles que el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirme que el Estado no ha tomado las medidas para implementar acuerdos con los desmovilizados y que existen ataques contra ellos.

A través de un comunicado, el gobierno que encabeza Iván Duque citó que en los Espacios Territoriales de Capacitación y Reconciliación, donde se encuentran los desmovilizados, se han implementado dispositivos de seguridad en los que hay presencia permanente de la Policía.

“Es absolutamente infundado que una actuación u omisión del Estado, de alguna manera, haya incentivado actos violentos en contra de excombatientes de las antiguas Farc”, añadió el texto y subrayó que por eso rechaza lo dicho por los relatores pues “su contenido tiene el efecto nocivo de minar la confianza que con tanto esfuerzo estamos construyendo”.

La relatora especial de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, y el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas, instó al Gobierno a que “deje de incitar a la violencia contra los desmovilizados de las FARC y a cumplir con las garantías que se les otorgaron durante las negociaciones en La Habana”.

“El aparente desprecio de estas garantías a nivel estatal es perjudicial para la paz, el desarrollo y la estabilidad, e insto al Gobierno a tomar medidas inmediatas para implementar los acuerdos de paz”.

Los relatores se refirieron al asesinato del excombatiente de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Dimar Torres Arévalo, cuyo cuerpo fue hallado sin vida el pasado 22 de abril cerca de un campamento de las Fuerzas Militares.

El Ejecutivo señaló que el caso Dimar Torres “está siendo investigado en forma diligente por las autoridades. Ha sido de público conocimiento que la Fiscalía General de la Nación, los Jueces, el Gobierno y las Fuerzas Militares han reaccionado de manera decidida y contundente contra los implicados”.

El Gobierno asegura que hay una persona detenida por este asesinato, y un oficial de alto rango fue vinculado al caso por el delito de encubrimiento, y fue llamado a calificar servicios por la Junta de Generales.

El diario El Tiempo informó que el Ejecutivo asegura que no ha incitado a la violencia contra ningún desmovilizado de las Farc y que, por el contrario, viene haciendo un “esfuerzo enorme por cumplir las garantías que se les otorgaron en el Acuerdo Final”.

El Comando Conjunto Estratégico de Transición del Ejército está encargado de cuidar a los desmovilizados, con una participación de 220 personas en la coordinación y casi tres mil uniformados brindando seguridad, aseguró el gobierno.

El Gobierno afirma que los relatores especiales no procedieron según el Código de Conducta que rige para estos delegados del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

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